La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner contra el decomiso de bienes ordenado en la causa Vialidad.
La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y ratifica la decisión del Tribunal Oral Federal 2, que había dispuesto el decomiso de 111 inmuebles para intentar cubrir el monto fijado en la condena.
Según recordó el fallo, el decomiso alcanza una suma que “al día de aquella resolución ascendía a $684.990.350.139,86”. El tribunal sostuvo que las defensas no lograron demostrar una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema.
En uno de los tramos de la resolución, el juez Gustavo Hornos afirmó que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y agregó que el decomiso busca “impedir que el delito rinda beneficios”.
Para los magistrados, los planteos de Cristina Kirchner y de las otras defensas fueron una simple discrepancia con lo resuelto anteriormente y no demostraron arbitrariedad ni violación de garantías constitucionales. “La sola mención de preceptos constitucionales no basta para la debida fundamentación de los recursos”, sostuvo Hornos.
En el mismo sentido, el juez Diego Barroetaveña señaló que las defensas “se han limitado a expresar su discrepancia con lo decidido” y remarcó que los cuestionamientos planteados giran sobre temas de derecho común, ajenos —como regla— al recurso extraordinario.
El fallo también rechaza la idea de que existiera arbitrariedad en la sentencia. Según Casación, las defensas no pudieron demostrar “defectos graves” que invalidaran la decisión judicial.
La posición del juez Borinsky
Sin embargo, hubo una diferencia parcial dentro del tribunal. El juez Mariano Borinsky consideró que algunos planteos de Lázaro Báez y de Máximo y Florencia Kirchner merecían ser revisados por la Corte Suprema.
Borinsky advirtió que ciertos bienes decomisados habrían sido adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada como punto de partida para definir qué propiedades podían quedar alcanzadas. Entre esos bienes mencionó departamentos en Río Gallegos y lotes vinculados al complejo Los Sauces.
“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo”, sostuvo Borinsky, quien entendió que en esos casos podía existir afectación al derecho de propiedad y al principio de legalidad.
Pero esa postura quedó en minoría. Finalmente, por mayoría, Casación declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de todos los imputados y terceros involucrados. El caso queda en condiciones de ser llevado en queja ante la Corte Suprema, aunque mientras tanto continúa vigente el decomiso multimillonario dispuesto en la causa Vialidad. Fuente: Diario Ámbito
