En General Ballivián se llevó a cabo una nueva mesa de trabajo destinada a avanzar en la reglamentación de la Ley Provincial N.º 8534, conocida como Ley Octorina, que establece acciones para la prevención y el abordaje de los delitos de odio y los abusos sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas.
La jornada fue organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y reunió a representantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), del Ministerio Público Fiscal, de las áreas de Seguridad y de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), además de referentes de comunidades originarias y de otras instituciones vinculadas al acceso a la justicia y la promoción de derechos.
La jornada fue organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, y reunió a representantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), del Ministerio Público Fiscal, de las áreas de Seguridad y de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), además de referentes de comunidades originarias y de otras instituciones vinculadas al acceso a la justicia y la promoción de derechos.
Durante el encuentro se presentaron los avances alcanzados desde la primera mesa de trabajo y se profundizó en uno de los ejes centrales del proceso: garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en la construcción de la reglamentación de la norma.
En ese sentido, los participantes coincidieron en la necesidad de generar mecanismos que aseguren una implementación de la ley acorde a las realidades y particularidades de cada territorio, fortaleciendo el diálogo intercultural e incorporando las experiencias, aportes y propuestas de las propias mujeres indígenas.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos destacaron que estos espacios de articulación institucional y comunitaria son fundamentales para consolidar una reglamentación participativa y garantizar que la Ley Octorina se traduzca en herramientas concretas de prevención, protección y acceso efectivo a derechos en toda la provincia.
