El exfuncionario, que debió renunciar en medio de acusaciones graves, seguiría cobrando del Estado provincial. Su esposa también figuraría en la nómina de AP de la cámara alta
Benjamín Cruz vuelve a orbitar en el centro de la polémica política salteña. Tras su salida forzada del Tribunal de Cuentas municipal, cargo al que había llegado de la mano de Gustavo Sáenz y Bettina Romero, en medio de denuncias y sospechas de alto calibre, su nombre reaparece asociado a una práctica tan vieja como vigente: la de cobrar del Estado sin cumplir funciones.
Según trascendió, Cruz figuraría como empleado del Senado provincial sin desempeñar tareas concretas. En el mismo esquema aparecería también su esposa, Florencia Veyga, quien percibiría un sueldo bajo la categoría de agrupamiento político (AP). En ambos casos, se trataría de designaciones que no exigirían presencia ni responsabilidades visibles, lo que alimenta las versiones sobre que son ñoquis.
El dato no pasa desapercibido en un contexto de ajuste y caída del poder adquisitivo. Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad, puertas adentro del Estado provincial se mantendrían estructuras que habilitan este tipo de situaciones, siempre bajo la lógica de la cercanía política.
El recorrido reciente de Cruz aporta contexto. Su renuncia al Tribunal de Cuentas no fue un gesto voluntario sino una salida en medio de fuertes cuestionamientos. Su nombre quedó vinculado a investigaciones sensibles, entre ellas el caso Monges, donde fue señalado en distintas instancias judiciales y mediáticas. Las sospechas que lo rodean no son nuevas ni aisladas.
Aun así, lejos de desaparecer de la escena, su situación actual sugiere otra cosa: continuidad. Instalado en El Tipal y con propiedades en una de las zonas más exclusivas de San Lorenzo Chico, Cruz mantiene un nivel de vida que genera interrogantes. Sin un cargo público visible ni actividad privada conocida, las miradas vuelven a posarse sobre el Estado como posible sostén.
En ese esquema, la presunta inclusión de su esposa en la nómina legislativa refuerza la idea de un entramado que no se limita a una sola persona. Los vínculos, más que los méritos o funciones, serían el verdadero capital en juego.
