Lizi Mejías asumió una nueva responsabilidad en el Partido Justicialista y, demostrando su cursileria, escribió que no sabe hacer otra cosa que “abrazar con mi corazón a mis hermanos”.
Del corazón de Lizi no vamos a opinar. Eso queda en el terreno de la intimidad. De lo que sí se puede hablar es de lo que hace —o no hace— desde el lugar que ocupa en el Estado.
Porque Mejías es subsecretaria de Derechos Humanos. Y mientras abraza con el corazón a sus hermanos peronistas, en Santa Victoria hay chicos que, para hacer sus necesidades durante la jornada escolar, tienen que irse al monte porque la escuela no tiene baño.
Es difícil encontrar una imagen más precisa del derrumbe del saencismo: funcionarios con cargos destinados a garantizar derechos humanos, discursos que hablan de abrazar a los hermanos y comunidades que siguen esperando algo tan elemental como un baño.
Y no es solamente el baño. Hay familias que recorren kilómetros para conseguir agua y alimentos. Hay comunidades que vienen denunciando problemas sanitarios, falta de servicios básicos, avance de la deforestación sobre sus territorios y conflictos vinculados con desalojos.
Ahí el corazón parece tener otra agenda. Para el Partido Justicialista siempre hay tiempo. Para una foto, una reunión, una asunción, también. Para los derechos humanos de las comunidades que viven en condiciones que deberían avergonzar a cualquier gobierno, aparentemente hay que seguir esperando.
Y encima hay funcionarios que se molestan cuando un medio señala estas cosas. Como si el problema fuera quién lo cuenta y no que haya chicos haciendo sus necesidades en el monte porque el Estado no fue capaz de poner un baño en una escuela.
Es algo tenebroso: la subsecretaria de Derechos Humanos preocupada por las elecciones de un partido a la deriva y no por la pendiente sin parangón que ha emprendido la provincia en estos siete años de Sáenz como conductor, al límite de impedir lo más elemental a los salteños de Santa Victoria.
Lo que ocurre con las comunidades presenta características similares en distintos puntos de la provincia, incluso en sectores de la capital, en una Salta atravesada por profundas desigualdades y por una estructura de poder que, durante años, ha aprendido a convivir con ellas.
La gente indecente que gobierna no parece tener demasiados reparos en naturalizar que determinadas comunidades padezcan la ausencia de servicios esenciales. Pero tampoco quienes viven a apenas veinte minutos de la plaza 9 de Julio están necesariamente fuera de esa lógica de abandono y privilegios.
Mientras una parte de la sociedad se las arregla como puede, otra discute en un circuito cerrado de poder que gira alrededor de las internas del PJ, las reuniones en San Lorenzo, qué dirigente hablará, qué dirá Peña, cuál será el próximo viaje, qué mejora harán en sus propias casas o cuántos departamentos se compró Botitas.
Una clase dirigente, de la cual Mejías es apenas un personaje menor, encerrada en sus propias preocupaciones, que parece haber convertido la política en un asunto de pertenencias, reuniones y cargos, mientras las urgencias de buena parte de los salteños quedan fuera de la agenda.
