Una consulta sobre el dinero que reciben los asesores puso a varios diputados frente a respuestas incómodas, entre desconocimientos, contradicciones y una práctica que algunos admiten y otros consideran ilegal. Rallé y Galíndez quedaron particularmente expuestos.
La pregunta parecía sencilla: ¿cuánto ganan los asesores de los diputados de Salta? Sin embargo, cuando el periodista Fernando Climent decidió poner el tema sobre la mesa, las respuestas estuvieron lejos de ser igual de simples. Algunos dijeron no saber cuánto cobran sus propios colaboradores, otros sí y hasta algunos reconocieron que lo distribuyen entre varias personas. Todo terminó mostrando una zona bastante opaca en la Legislatura.
Uno de los casos que más llamó la atención fue el del presidente del bloque mayoritario del oficialismo, Germán Rallé. Consultado por la cantidad de asesores que tiene, respondió: “Como tengo seis mandatos, yo tengo cinco asesores”. Tres más que el resto de los legisladores. Y explicó que la cantidad puede modificarse con cada renovación: “Cada vez que se renueva, se puede negociar algún cargo más por razones de crecimiento político”.
Pero cuando la pregunta pasó de la cantidad al dinero, la respuesta fue otra. Rallé aseguró que “no sabe” cuánto cobran sus asesores. “Eso lo saben quienes cobran. Yo no le ando controlando a los empleados cuánto cobran”, sostuvo.
La respuesta resulta llamativa porque se trata del presidente del bloque más numeroso de la Cámara y porque la discusión no estaba centrada en cuánto gana cada empleado de manera individual, sino en cómo se distribuyen los recursos destinados a los asesores legislativos, recursos que salen del erario público.
Gastón Galíndez, en cambio, dio una cifra concreta: todos los asesores cobran $1,9 millones. Sin embargo, ante otra de las preguntas centrales del informe, tampoco pudo despejar las dudas. Galíndez desconoce si es legal dividir el llamado AP —el adicional destinado a asesores— entre dos o más personas.
La situación adquiere un matiz particular en su caso: Galíndez fue secretario administrativo de la Cámara de Diputados hasta el año pasado. Es decir, ocupó durante años un lugar desde el cual debía conocer con precisión el funcionamiento administrativo y reglamentario de esos recursos.
La cuestión de la supuesta división del AP también generó respuestas contrapuestas dentro de la propia Cámara. La diputada Griselda Galleguillos fue tajante al sostener que no es legal dividir ese adicional entre distintas personas.
Sin embargo, el diputado libertario Nicolás Arce reconoció que tiene “muchos” asesores y que el dinero se divide entre ellos. Lejos de esquivar la cuestión, explicó la modalidad con una frase que terminó siendo una de las más reveladoras del relevamiento: “Nosotros trabajamos con amigos”.
La contradicción queda planteada casi sin necesidad de interpretación. Mientras una diputada sostiene que repartir el AP entre varias personas no está permitido, un legislador admite que eso ocurre en su propio espacio.
La mayoría de los diputados libertarios consultados, por otra parte, eligió directamente no responder las preguntas del periodista.
El relevamiento realizado por Fernando Climent deja así una escena curiosa: una pregunta elemental sobre cuánto cobran los asesores terminó encontrando respuestas muy diferentes entre quienes deberían conocer cómo se administran esos recursos. Algunos saben el monto, otros aseguran desconocerlo y otros admiten una modalidad cuya legalidad ni siquiera aparece clara entre los propios legisladores.
