Greenpeace detectó y documentó dos topadoras destruyendo mediante inmensas cadenas, el bosque y territorio de comunidades wichí de la ruta 86, en las cercanías de Tartagal.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí”, adviritó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En los últimos dos meses, cerca de Tartagal se desmontaron más de 3.300 hectáreas de bosques en tres fincas, afectando territorios y cementerios de varias comunidades wichí: 1) “Tonono”, de Martín Morales; 2) “Alcoba”, de la empresa agropecuaria Desdelsur S.A., propiedad de las familias Macera y Blaquier; y 3) “Caraguatá”, de la empresa agropecuaria Estancia Tres Lagunas S.A.
La organización ecologista manifestó su preocupación por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja firme el decreto presidencial que derogó la Ley de Tierras Rurales, normativa que le ponía límites a la venta de tierras y cuerpos de agua a extranjeros. Además, volvió a advertir que el gobierno nacional pretende modificar la Ley de Bosques para permitir más desmontes.
Frente a esta situación, Greenpeace convocó a la gente a sumarse a la “República de los siete bosques” para defenderlos. Se trata de una plataforma que busca generar una comunidad protectora de los bosques, alerta ante diferentes amenazas. Para sumarse, hay que registrarse en la página web sietebosques.org.
“Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow realizada en 2021. Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, afirmó Cruz.
