No hace falta ser detective privado ni haber leído todas las novelas de Raymond Chandler para advertir que la sucesión de acontecimientos, al menos, llama la atención. Tampoco hace falta inventar una conspiración para reconocer que Salta acumula demasiados expedientes en los que el mundo narco y la política se tocan.
Mientras la Justicia Federal avanzaba sobre Carlos “Conejo” Martínez, el exintendente de Aguas Blancas acusado de encabezar una organización dedicada al lavado de activos, presuntamente mediante el uso de la estructura municipal. En medio de eso, Benjamín Cruz, exsecretario de Seguridad de la Provincia, denunciaba que le habían robado una mochila con $3 millones en efectivo, una computadora portátil, un iPad y auriculares de su Volkswagen Amarok, estacionada en pleno centro de la capital.
Cruz había estacionado su Volkswagen Amarok en inmediaciones de Deán Funes y Leguizamón. Al regresar, advirtió que le habian robado. Después habría seguido la ubicación que proporcionaba el sistema de geolocalización de su computadora, un rastreo que condujo a los investigadores hasta una vivienda de la zona de calle Zabala al 100.
No son pocos los que sospecharon el origen ilícito de los fondos, puesto que el denunciante, no es un nombre cualquiera dentro de la crónica policial salteña. Cruz estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y fue imputado por presunto tráfico de influencias a raíz de una investigación que se desprendió del asesinato de Darío Monges. Es decir, su nombre ya había quedado bajo la lupa judicial por un asunto en el que se investigaron contactos, gestiones y posibles relaciones con la banda narco de la cual habria participado el Conejo Martinez.
Monges, el Gringo y los nombres que quedaron grabados
Darío Monges fue asesinado en septiembre de 2022. Su cuerpo apareció dentro de una camioneta en la zona sur de la ciudad, con cinco disparos en la cabeza. Los hermanos Santiago Ismael y Roberto David Bejarano fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio, vinculado durante el proceso judicial con una disputa económica relacionada con el comercio de estupefacientes.
Pero Monges dejó detrás algo más que una investigación por asesinato. Sus movimientos y contactos abrieron una línea de pesquisa sobre las relaciones que mantenía con personas vinculadas al narcotráfico y con integrantes de la política .
Uno de los episodios centrales ocurrió cuando se presentó en la cárcel de Orán y dijo ser asesor del Ministerio de Seguridad para entrevistarse con un preso. La hipótesis fiscal sostuvo que habría invocado el nombre de Cruz para facilitar el encuentro. De allí surgió la imputación contra el exsecretario, quien rechazó las acusaciones y aseguró que sus conversaciones con Monges habían sido sacadas de contexto.
A eso se suma el video de una reunión entre Monges y Cristian “Gringo” Palavecino, señalado como referente del narcotráfico en el norte provincial. En esa grabación, Monges menciona a Cruz y a otros dirigentes (como Outes) mientras conversa con Palavecino, quién dicho sea de paso era defendido por la inefable Liliana Mazzone, que incluso aparece filmada en registros audio visuales.
Aguas Blancas: cuando el municipio entra en el expediente
Mientras el nombre de Cruz reaparecía por el robo, la investigación sobre Martínez volvía a poner bajo sospecha el funcionamiento de una institución pública. La hipótesis fiscal apunta a una organización que habría utilizado la estructura municipal de Aguas Blancas para operaciones de lavado de activos de origen delictivo.
La acusación deberá sostenerse en pruebas y ser discutida en el proceso judicial. Pero el caso plantea una cuestión que va mucho más allá del destino de un exintendente: qué controles fallaron, quién debía ejercerlos y cómo habría podido utilizarse una estructura estatal para fines ajenos a su función.
En ese escenario, la coincidencia con la denuncia de Cruz adquiere interés periodístico, aunque no permita establecer una conexión entre ambos expedientes. No hay, por el momento, elementos públicos que demuestren que el robo de la mochila tenga relación con la causa de Aguas Blancas. Presentarlo como parte de una misma operación sería fabricar una certeza que no existe.
La suspicacia, sin embargo, no necesita semejante atajo. Se alimenta de preguntas verificables: qué pasó con el dinero denunciado, qué resultados tuvo el rastreo de los dispositivos, quiénes fueron identificados y qué información quedó incorporada al expediente. También exige seguir las causas anteriores que involucran a funcionarios y establecer cuáles avanzaron, cuáles fueron cerradas y por qué.
En una provincia donde la política, la seguridad y las investigaciones por narcotráfico se cruzaron en expedientes de enorme gravedad, la transparencia no debería depender del apellido de quien denuncia ni del cargo que haya ocupado.
¿Y la justicia?
La tentación es unir los puntos y dibujar una trama completa. Sería un error hacerlo sin pruebas. Pero también sería un error tratar cada episodio como si hubiera ocurrido en una provincia distinta, sin antecedentes ni memoria institucional.
Por un lado, un exintendente investigado por una presunta estructura de lavado que habría utilizado el municipio. Por el otro, un exsecretario de Seguridad que denuncia la desaparición de millones de pesos y que ya fue imputado en una causa vinculada con las circunstancias en que Monges consiguió acceder a un preso. En el medio, una grabación en la que el hombre asesinado menciona funcionarios mientras conversa con un referente señalado por el narcotráfico.
No son pruebas de una conspiración ni permiten afirmar que los hechos estén conectados. Son antecedentes distintos que justifican preguntas distintas y un seguimiento que no debería detenerse cuando desaparece la novedad del día.
¿Hay alguna relación entre el robo denunciado por Cruz y la causa contra Martínez? No está acreditado. ¿Se conoce el origen de los $3 millones? La información pública difundida no permite establecerlo. ¿Qué resultados tuvo el rastreo de los dispositivos? Es otro dato que falta precisar. ¿Qué quedó demostrado y qué sigue bajo investigación en el expediente de Monges? También merece una explicación clara.
El Conejo y el municipio bajo sospecha
La investigación federal que tiene como protagonista a Martínez no gira alrededor de una infracción administrativa ni de un expediente extraviado en algún cajón municipal. La hipótesis de los fiscales apunta a una presunta organización criminal que habría utilizado estructuras del Estado para canalizar y disimular fondos procedentes del narcotráfico y el contrabando.
El exintendente quedó imputado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo. La investigación alcanzó a otras personas y derivó en allanamientos, detenciones y pedidos de prisión preventiva. Según las actuaciones difundidas, Martínez había logrado escapar cuando las fuerzas de seguridad fueron a buscarlo y permaneció prófugo hasta que se presentó ante la Policía.
La acusación, por supuesto, deberá probarse en la Justicia. Pero el planteo fiscal abre una pregunta que excede la situación personal del exjefe comunal: cómo una institución pública puede terminar bajo sospecha de haber servido para encubrir operaciones de una organización criminal.
El municipio, que debería administrar recursos para los vecinos, aparece en la hipótesis judicial como una posible pieza de una maquinaria que habría funcionado con otros objetivos. No es un detalle menor. Cuando el Estado entra en una investigación por lavado, la cuestión ya no consiste solamente en averiguar quién recibió dinero, sino también en establecer quién tenía capacidad para moverlo, quién debía controlarlo y qué hicieron los organismos encargados de impedirlo.
Tres millones en una mochila
En ese mismo clima apareció la denuncia de Benjamín Cruz. Según la información difundida a partir de la presentación policial, el exfuncionario había dejado su Volkswagen Amarok en inmediaciones de Deán Funes y Leguizamón. Al regresar, advirtió que le faltaba una mochila con dinero y equipos electrónicos.
La denuncia incluyó $3 millones en efectivo, una computadora portátil, un iPad y auriculares. Cruz también habría seguido las ubicaciones que arrojaban los dispositivos mediante sus sistemas de geolocalización, información que fue incorporada a las actuaciones policiales. Los datos publicados no permiten confirmar que las pertenencias hayan sido recuperadas ni establecer quiénes participaron en la sustracción.
Tres millones de pesos no son una fortuna para cualquiera que conozca los precios de la Argentina actual, pero tampoco son monedas olvidadas en el cenicero. Y una mochila con esa cantidad de efectivo, acompañada por varios dispositivos electrónicos, constituye un dato que puede interesar a los investigadores, aunque por sí solo no permita inferir el origen del dinero ni atribuirle ninguna irregularidad.
El asunto adquiere otra dimensión por la identidad del denunciante. Cruz no es un particular desconocido que pasaba por el centro, sino el hombre que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad de Salta y que permanece imputado en una causa relacionada con las circunstancias en que Darío Monges consiguió ingresar a un penal para entrevistarse con un preso.
El antecedente que no desaparece
Monges fue asesinado en septiembre de 2022. Su cuerpo apareció dentro de una camioneta abandonada en la zona sur de la ciudad de Salta, con cinco disparos en la cabeza. Por ese homicidio, los hermanos Santiago Ismael y Roberto David Bejarano fueron condenados a prisión perpetua como coautores.
Pero la historia judicial de Monges no terminó con las condenas por el crimen. Antes de morir, había mantenido contactos con personas vinculadas al narcotráfico y había mencionado a funcionarios políticos y de seguridad en conversaciones que después adquirieron relevancia pública.
Uno de los episodios investigados ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Monges se presentó en la Unidad Carcelaria de Orán y dijo ser asesor del Ministerio de Seguridad para solicitar una entrevista con Oscar Alberto Alejandro Díaz, un interno procesado. La hipótesis fiscal sostiene que habría invocado el nombre de Cruz para facilitar el encuentro, y la investigación derivó en la imputación del entonces secretario por presunto tráfico de influencias.
Cruz negó las acusaciones y sostuvo que sus conversaciones con Monges habían sido sacadas de contexto. La imputación no equivale a una condena, pero mantiene abierto un interrogante sobre la intervención de funcionarios en aquella visita penitenciaria.
Hay, además, un video de una reunión entre Monges y Cristian “Gringo” Palavecino, señalado como referente del narcotráfico en el norte provincial. En la grabación, Monges menciona a distintos integrantes de la política salteña, entre ellos Cruz, mientras conversa con Palavecino sobre asuntos políticos y funcionarios. La aparición de esos nombres no demuestra por sí misma que las personas mencionadas hayan participado en delitos, pero constituye un antecedente que debe leerse junto con el resto de las pruebas y no como una anécdota aislada.
¿Quién conoce a quién?
La pregunta que queda flotando no es si el robo de la mochila y la detención del Conejo forman parte de una misma operación. No hay elementos públicos suficientes para sostenerlo. La pregunta es otra: ¿cuánto conocemos realmente de las relaciones entre las estructuras políticas, los organismos de seguridad y las personas que aparecen en las investigaciones por criminalidad organizada en Salta?
En una provincia donde un exintendente está acusado de haber utilizado el municipio para lavar dinero y un exsecretario de Seguridad arrastra una imputación por presunto tráfico de influencias vinculada con un hombre asesinado, las coincidencias temporales adquieren un peso informativo que no tendrían en otras circunstancias. No porque prueben una conexión, sino porque recuerdan que los expedientes no nacen en el vacío: cada uno reconstruye una parte de relaciones, decisiones y movimientos que la Justicia debe esclarecer.
Por eso también corresponde preguntar por el dinero denunciado por Cruz, por las circunstancias del robo y por el resultado de la investigación. No para insinuar que los $3 millones tengan un origen ilícito —no existe información pública que permita afirmarlo—, sino porque una denuncia de esa magnitud merece ser esclarecida con la misma seriedad que cualquier otra.
En el policial negro, el detective suele descubrir que detrás de un hecho aparentemente sencillo hay una historia mucho más larga. En Salta no hace falta forzar esa comparación. Los antecedentes están a la vista, las causas judiciales existen y los nombres se repiten en distintos capítulos de la agenda pública.
Lo que todavía no está probado es que esos capítulos formen parte de una misma trama.
Y esa diferencia, aunque resulte menos espectacular que una teoría conspirativa, es precisamente la que separa una investigación periodística de un rumor.
Mientras tanto, el Conejo quedó detenido, Cruz denunció que le robaron una mochila y la Justicia tiene por delante la tarea de determinar qué ocurrió en cada caso. En una provincia acostumbrada a que los expedientes sobrevivan a los funcionarios que los protagonizan, las preguntas no se resuelven por acumulación de sospechas. Se resuelven con documentos, testimonios y pruebas.
Lo demás es ruido. Y Salta, por ahora, ya tiene bastante.
