La diputada salteña de La Libertad Avanza descalificó al colectivo que reclama por los derechos de las personas con discapacidad y lo acusó de “jugar” con el tema. Lo hizo después de votar contra la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La diputada nacional salteña de La Libertad Avanza, Gabriela Flores, encontró una forma bastante particular de intervenir en el debate por la discapacidad: descalificar a quienes llevan años defendiendo los derechos de ese colectivo, acusarlos de mentir y después presentarse como una de las voces preocupadas por lo que sucede. Lo hace omitiendo que, cuando se revisan sus propias decisiones políticas, el discurso pierde buena parte de su pretendida autoridad moral.
Flores calificó de “mentirosos, viles y cobardes” a quienes cuestionan el “nuevo” proyecto que impulsa el Gobierno nacional y denuncian el retroceso que representa para las personas con discapacidad.
También los acusó de “jugar con la discapacidad”, una expresión que adquiere otra dimensión cuando se recuerda que la diputada formó parte del oficialismo que votó contra la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma aprobada por el Congreso en julio de 2025, vetada por Javier Milei y ratificada posteriormente por los legisladores. Flores votó siempre en contra.
La contradicción no es menor. Quien acompañó con su voto una decisión que puso en riesgo la continuidad de derechos y prestaciones pretende ahora distribuir certificados de legitimidad entre quienes pueden hablar sobre discapacidad y quienes, según su criterio, estarían utilizando el tema con fines políticos.
En esa lógica, las familias que reclaman, las instituciones que advierten sobre su situación financiera y las organizaciones que exigen el cumplimiento de la ley quedan bajo sospecha, mientras la diputada se reserva para sí el lugar de quien supuestamente viene a poner orden.
Lo que en realidad está en discusión es el derecho de las familias a reclamar sin que una representante política las acuse de actuar con vileza, como si quienes conviven cotidianamente con la discapacidad necesitaran que una legisladora les explique cómo deben organizarse, qué deben denunciar o de qué manera tienen que defender los derechos de sus hijos.
Flores no está cuestionando solamente un argumento parlamentario: está descalificando a un colectivo que conoce de primera mano las consecuencias de los recortes, la falta de pagos y la incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos y las prestaciones.
Hay, además, una diferencia sustancial entre hacer política con la discapacidad y hacer política para defender los derechos de las personas con discapacidad. Las familias y las organizaciones que reclaman pueden tener posiciones, interlocutores y estrategias públicas, como ocurre con cualquier sector de la sociedad. Lo que no corresponde es convertir esa participación en una sospecha moral cada vez que sus demandas molestan al Gobierno. Mucho menos cuando quien lanza las acusaciones pertenece al espacio político que impulsó el retroceso cuestionado.
“Con la discapacidad no se juega”, advirtió Flores. La frase podría funcionar como una advertencia atendible si no proviniera de una diputada que votó contra la Ley de Emergencia y que ahora pretende descalificar a quienes exigen su continuidad. La discapacidad no es una herramienta para repartir culpas ni una tribuna desde la cual reclamar superioridad moral. Y mucho menos un terreno en el que una diputada pueda olvidar sus propios votos para presentarse como árbitro de la conducta ajena.
