En San Carlos hay tres hombres detenidos por una causa de supuesta usurpación que arranca sin algo básico: un denunciante claro. Mamani, Aguirre Retamoso y Gómez siguen presos mientras el expediente avanza con una lógica difícil de explicar.
La fiscalía pidió que continúen detenidos. La jueza María Virginia Toranzos lo avaló y dictó prisión preventiva. No hay una víctima identificada, no hay una denuncia directa y la discusión de fondo —la propiedad de la tierra— sigue abierta.
La defensa a cargo de Humberto «ulua» Vazquez aseguró que «no está acreditada la usurpación y ni siquiera hay certeza sobre quién habría sido perjudicado. Aun así, hay tres personas privadas de la libertad».
«Hay falta de objetividad en la Fiscal, de la jueza, de poner preso a personas que, en el caso de Mamani, es dueño en virtud de ser nieto de quien compró por 1950, varias propiedades, evidencia una fabricacion de una causa», dijo Vazquez.
El poder la sostiene
En 2019, la misma jueza enfrentó un pedido de jury debido a decisiones “sesgadas e injustas”. El proceso terminó cerrado, pero dejó un sinsabor. La decisión fue tomada por un bloque amplio del sistema político-judicial: el l Juez Decano de la Corte de Justicia Guillermo Posadas, la Fiscal de Estado Pamela Caletti; los senadores Jorge Pablo Soto y María Silvina Abilés, el diputado provincial Esteban Amat Lacroix, el representante por el Foro de la Cámara de Senadores Guillermo López Mirau y el abogado por el Foro de la Cámara de Diputados, Pedro Mellado votaron por la inadmisibilidad del pedido
Siete años después, María Virginia Toranzos, vuelve al centro de la escena demostrando cómo se mueve la Justicia en conflictos de tierras: rápido para intervenir, lento para aclarar, y con consecuencias concretas para quienes están en el lugar.
Mientras tanto, los tres siguen detenidos desde el jueves pasado. Ahí es donde el antecedente del jury deja de ser un dato viejo y pasa a ser una advertencia vigente.
En medio de la denuncia por la presunta usurpación de 32 hectáreas en San Carlos —donde incluso se instalaron paneles solares— empiezan a aparecer nombres, apellidos y un esquema que, según Vazquez que sigue el caso, no es nuevo.
“Ernesto Nanni aparece mencionado, no tendría que ver directamente con los dueños de la bodega. Frías y Patron Uriburu”, sostuvo.
“Esta gente, los Patron Uriburu, se presentan como propietarios y serían los principales beneficiados. Lo llamativo es que ni siquiera habrían aparecido en el proceso”, advirtió.
A partir de ahí, lo que describe es un mecanismo que enciende alarmas. “Sin duda hay una superposición de planos. Y esto puede implicar maniobras con apariencia fraudulenta: falsedad ideológica, estafa procesal tanto administrativa como judicial. En definitiva, se induce a error”, explicó.
Según indicó, algunos de esos planos se habrían confeccionado sin verificar la ocupación real del terreno. “Seguramente esto va a escalar en lo penal, porque hay documentación que no refleja la situación efectiva del inmueble”, agregó.
Pero quizás lo más grave es que, lejos de ser un caso aislado, el esquema se repite. “En esa zona esto pasa siempre. Por mi experiencia profesional, los casos son casi calcados, sobre todo cuando los perjudicados son pobladores originarios”, remarcó.
