La muerte de Lautaro Ramasco se convirtió en otra de esas causas donde la discusión ya no pasa solamente por quién mató, sino por todo lo que la Justicia decidió no investigar.
El 9 de diciembre de 2024, Lautaro manejaba su Peugeot 208 por avenida Tavella cuando sufrió un traumatismo craneal que le hizo perder el control del vehículo. Murió poco después.
Desde entonces, la investigación avanzó sobre una hipótesis puntual: una pelea entre dos jóvenes en situación de calle, uno de ellos arrojando un objeto que impactó en el auto y desencadenó el desenlace fatal.
El fiscal penal Santiago López Soto sostuvo esa teoría hasta pedir la elevación a juicio contra Gabriel Alejandro Quispes Cejas por homicidio simple.
Pero la familia de Ramasco insiste desde el inicio en que la investigación fue direccionada demasiado rápido hacia una única versión, descartando otras líneas que, al menos por gravedad y contexto, merecían ser profundizadas.
Y ahí empiezan los problemas. Porque antes de la muerte existían amenazas previas. Hay mensajes incorporados a la causa. Mensajes atribuidos al periodista Gustavo Vaccarella, ex pareja de la mujer que en ese momento mantenía una relación con Lautaro. En esos intercambios aparecen frases intimidatorias, referencias personales y advertencias que para la familia nunca fueron tomadas con la seriedad suficiente.
La cuestión no es menor: la propia pareja de Lautaro, apenas conocida la noticia, le escribió a Vaccarella preguntándole si tenía algo que ver con lo ocurrido. Ese dato existe. Está documentado. Y sin embargo, desde muy temprano empezó a construirse otra narrativa: que todo se trataba de mensajes “sacados de contexto” y que la familia buscaba un responsable equivocado.
Lo llamativo no fue solamente eso. También sorprendió la velocidad con la que sectores judiciales parecieron interesados en despejar cualquier sospecha sobre Vaccarella.
La entonces jueza de Garantías, Ada Zunino, llegó incluso a afirmar públicamente que ella creía que el periodista “no tenía nada que ver”. Una declaración impropia para una magistrada que intervenía en una causa todavía abierta y con medidas pendientes.
Pero las dudas no terminan ahí. La reconstrucción oficial sostiene que un objeto contundente ingresó por una ventanilla parcialmente abierta y provocó el traumatismo que derivó en el choque. Sin embargo, testigos mencionaron un pequeño orificio circular en el vidrio del automóvil, incompatible —según planteó la familia— con el ingreso de una piedra de gran tamaño. Incluso se pidió profundizar pericias balísticas. Esa posibilidad fue desestimada.
La piedra secuestrada tampoco ayudó a despejar dudas. Según trascendió públicamente, no presentaba rastros epiteliales concluyentes ni ADN que vinculara de forma categórica al acusado o a la víctima. Aun así, la causa siguió avanzando casi exclusivamente sobre esa hipótesis.
Después apareció otro elemento inquietante: las imágenes de un vehículo blanco captadas cerca de la zona minutos después del hecho. El video fue difundido por la propia familia. El automóvil pertenecía a una suboficial de Drogas Peligrosas. En la grabación se observa a un hombre descender, aparentemente realizar una llamada y retirarse del lugar.
La familia pidió que esa secuencia fuera investigada. Nunca hubo una explicación pública convincente sobre por qué esa línea no prosperó.
Y luego llegaron los registros de triangulación telefónica que complicaban todavía más el escenario. Según expusieron públicamente allegados a la familia, los datos de geolocalización ubicaban a Vaccarella cerca del lugar del hecho y de la casa de Lautaro en días previos al crimen, pese a que él había declarado públicamente no frecuentar esa zona.
La sensación que queda es que hubo una necesidad urgente de cerrar el tema rápido. De encapsular todo en la teoría de la “fatalidad”. De reducir una muerte llena de zonas oscuras a una secuencia accidental provocada por una pelea callejera.
Y cuando una investigación empieza a descartar elementos incómodos en lugar de agotarlos, la credibilidad se erosiona sola.
Salta arrastra hace años un problema profundo con las causas sensibles. Lo saben las familias de víctimas. Lo saben abogados. Lo saben incluso muchos funcionarios que lo admiten en privado. Hay expedientes donde la maquinaria judicial parece avanzar con una velocidad implacable y otros donde directamente se administra el desgaste hasta que la sociedad deja de mirar.
Por eso el caso Ramasco sigue generando ruido. Porque más allá de lo que determine finalmente un juicio, quedaron demasiadas preguntas sin responder: por qué ciertas pruebas no fueron profundizadas, por qué algunas líneas investigativas se cerraron tan rápido, por qué hubo funcionarios judiciales opinando públicamente sobre inocencias antes de tiempo y por qué la familia tuvo que empujar constantemente medidas que deberían haber surgido de oficio.
Por Susana Del Frari
