El comercio ilegal crece y ya se posiciona como uno de los principales problemas para la industria, alcanzando el 5% del total del Producto Interno Bruto (PIB) de la Argentina.
Durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, distintos referentes del sector expresaron su preocupación por el crecimiento del contrabando.
Según el último informe de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), esta problemática asciende al 5% del PIB en países como Argentina y Brasil. Se agudiza aún más cuando se observan casos como el de México, que aumenta al 8%.
«Nuestro país viene de gobiernos que hicieron una política muy laxa en el tema de los controles», precisó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman.
En la misma línea, reconoció que el Gobierno «está tratando de dotarse de herramientas para tratar este flagelo», aunque manifestó que «controlar una frontera tan grande no es fácil».
Grinman destacó el crecimiento desmedido del comercio ilegal de celulares. María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, confirmó que el contrabando trae uno de cada tres celulares -lo que representa alrededor de 3 millones al año- y la venta de estos dispositivos se ubica entre el 5% y 15% del comercio ilegal total.
Otro informe de la consultora MAP estima que Argentina perdió cerca de US$2.300 millones en materia de ingresos fiscales, dado el auge del contrabando. Además de los celulares, se detallan sectores como las cervezas, el tabaco y los textiles.
En particular, en Latinoamérica, tres de cada diez cigarrillos que se consumen son ilegales, según el gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, Juan José Benítez. «El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado», especificó.
«El rol de las cámaras es muy importante para el Estado porque no podemos llegar a todas las empresas del país», señaló Fernando Martín Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que explicó que el Estado argentino no logra cubrir los 9.300 kilómetros de frontera ni los 250.000 comercios de cercanía.
Diego Figueroa, asesor de la Dirección General de Aduanas, analizó la problemática desde la perspectiva del organismo, y describió que la Aduana trabaja sobre tres ejes: la desregulación, la modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad -sumado al control del tráfico de mercaderías- y señaló que esas acciones se enmarcan en los lineamientos definidos por el Ministerio de Economía.
Por último, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, indicó que el país se encuentra ante “un cambio de paradigma en la forma en la que el Estado entiende el delito complejo”.
«Debemos comprender que hoy las economías criminales son cada vez más sofisticadas. El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico», advirtió.
“El compromiso de este ministerio es seguir avanzando en combatir la criminalidad organizada: cuando protegemos el comercio legal protegemos a los trabajadores, a los consumidores y a los emprendedores”, concluyó.
Agencia NA
