La muerte de dos trabajadores de Aguas del Norte en un pozo cloacal de ocho metros en Rivadavia Banda Norte dejó expuesto la precariedad en la que se desempeñan. Los familiares denunciaron falta de equipos y de una estructura estatal donde nadie controla nada.
Los operarios fallecidos trabajaban en una cámara cloacal. Otros dos empleados terminaron heridos. Uno de ellos sigue internado con pronóstico reservado: Lisandro Ruíz y Leandro Méndez sobrevivieron a una situación extrema que terminó convertida en una trampa mortal.
La investigación quedó en manos de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien ordenó pericias y autopsias para determinar las causas exactas de los decesos. “No fue un accidente”, dijo Miguel Ángel Aguirre, padre de Emanuel, uno de los trabajadores fallecidos.
Comentó que su hijo trabajaba sin elementos suficientes, con herramientas prestadas por la propia familia y con ropa deteriorada por el uso. “Los botines se los compraba él porque no duraban. El uniforme lo remendaba la madre. Yo le prestaba herramientas a Aguas del Norte”, afirmó.
Emanuel cayó dentro del pozo. Otro compañero intentó rescatarlo y también se desplomó. Después cayó el resto. Ninguno tenía oxígeno, arneses adecuados ni sistemas mínimos de seguridad para entrar a un espacio cloacal cerrado.
“Todos sabíamos que trabajaban en forma muy precaria”, insistió el padre. La responsabilidad política empezó a subir inevitablemente hasta la conducción de la empresa, a cargo de Ignacio Jarsún.
El ex rugbier ocupa dos cargos al mismo tiempo: director de Aguas del Norte y ministro de Gobierno y Justicia. Una doble función que vuelve a quedar bajo cuestionamiento en medio de una tragedia inedita y de la cual debería hacerse responsable.
Cuando Jarsún asumió en el cargo llamó poderosamente la atención ya que no tenía experiencia ni en ingenieria ni en obras hidricas. Sin embargo gracias a su cercania al gobernador logró conseguir ese puesto clave.
Nunca fue conocido por sus capacidades intelectuales; arrastra un historial cargado de denuncias desde su paso por la intendencia de Rosario de Lerma entre 2015 y 2019.
Fue denunciado por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos públicos. También quedó envuelto en cuestionamientos por cuentas que, según denunciaron entonces, no fueron rendidas al finalizar su gestión municipal. A eso se sumaron acusaciones vinculadas a una sociedad creada junto al exintendente de Quijano, Manuel Cornejo, condenado por corrupción.
Ahora su nombre vuelve a aparecer. El dato más brutal apareció cuando los cuerpos llegaron a Orán para las autopsias. Según denunció Aguirre, los profesionales tenían temor de trabajar sin protección adecuada por el nivel de contaminación del cuerpo.
La escena revela algo difícil de ocultar: los recaudos que supuestamente faltaban para revisar un cadáver fueron los mismos que nunca tuvieron los operarios vivos.
Las familias aseguran que recién fueron notificadas seis horas después de ocurrido el hecho.
“Nos sacaron a mi hijo muerto de ahí. Miren la mugre donde estaban. Se llenan de plata y hacen trabajar así a la gente”, dijo uno de los familiares.
El «accidente laboral» saca a relucir un esquema donde los funcionarios acumulan cargos políticos, cobran sueldos altos y hablan de gestión eficiente mientras los trabajadores bajan a pozos cloacales sin equipos suficientes.
Y cuando eso termina en muerte, nadie quiere hacerse cargo.
