La funcionaria que depende de la Jefatura de Gabinete lleva más de ocho meses al frente de un área sensible, pero su exposición pública parece haber crecido bastante más que las políticas destinadas a enfrentar las adicciones en Salta.
Alba Quintar tiene un cargo importante, una oficina dentro del Gobierno y una responsabilidad que no admite demasiadas improvisaciones. Es la Coordinadora Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos de la Provincia de Salta y depende directamente de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, a más de ocho meses de haber asumido, cuesta encontrar una política pública concreta que haya quedado asociada a su gestión.
Lo que sí creció fue su presencia pública. Quintar, hermana del diputado nacional que alguna vez decidió llegar al Congreso a bordo de un lujoso Tesla, encontró una particular manera de ejercer su exposición: opinar sobre política, intervenir en las internas de La Libertad Avanza y aparecer en estudios de televisión, incluso en medios nacionales, con una frecuencia que parece bastante más propia de una panelista que de una funcionaria encargada de abordar una problemática cada vez más compleja.
Su perfil libertario tampoco es un secreto. Quintar suele moverse con comodidad en ese universo y, lejos de concentrar su agenda en los consumos problemáticos, se ha mostrado particularmente interesada en las disputas internas de un espacio que todavía intenta acomodar sus piezas en Salta. Una tarea bastante más entretenida, probablemente, que meterse de lleno con una problemática que no se resuelve con publicaciones en redes ni con una buena cámara delante.
Su participación en programas de medios nacionales abre, además, otra pregunta que hasta ahora no parece haber tenido una respuesta pública demasiado clara: ¿cómo se financian esas intervenciones? En algunos casos se ha deslizado que podrían haber existido pagos para acceder a esos espacios, pero no existe información pública suficiente que permita determinar quién afrontó esos costos, cuánto se pagó o de qué partida salieron eventualmente esos recursos. Para una funcionaria pública, la pregunta no es menor.
Mientras tanto, la gestión específica para la que fue designada permanece bastante más desdibujada. No se conocen, al menos públicamente, resultados contundentes de programas nuevos, dispositivos que hayan modificado sustancialmente el abordaje provincial, evaluaciones de impacto o una estrategia que permita medir qué cambió desde su llegada. Sí hubo tiempo para construir una identidad digital bastante más reconocible: incluso un avatar propio para sus redes, acaso una de las producciones más visibles de estos primeros meses.
El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras las familias que atraviesan situaciones vinculadas con las adicciones necesitan respuestas, acompañamiento, prevención y dispositivos que funcionen, la responsable provincial del área parece haber encontrado una especial comodidad en otro terreno: las cámaras, las redes y las peleas partidarias.
Por ahora, la coordinadora tiene avatar, pantalla y micrófono. Lo que todavía no termina de aparecer con la misma nitidez es la política pública.
