Con Ferraris en un tercer mandato prohibido y Nanni sin antecedentes en control, el oficialismo volvió a forzar la ley para blindar la Auditoría. Entre favores políticos y organismos usados como presión, para el saencismo el respeto institucional queda en segundo plano.
Las designaciones de Gustavo Ferraris y Miguel Nanni en la Auditoría General de la Provincia no fueron simples trámites administrativos: son la confirmación de un método. El saencismo volvió a llevarse puesta la Constitución y dejó expuesto, una vez más, su escaso apego a las reglas que dice defender.
El caso de Ferraris es el más evidente. Inició un nuevo período como auditor, pese a que la Constitución provincial lo prohíbe de manera expresa. No hay interpretación posible ni zona gris: es una violación directa de la carta magna. Sin embargo, avanzó igual. Sin frenos. Sin costo político inmediato.
Lo del “radical” Nanni tampoco pasa inadvertido. Su designación desnuda otra lógica: la del pago de favores. Sin experiencia en organismos de control ni antecedentes técnicos relevantes en la materia, su llegada a la Auditoría responde más a su rol político que a su idoneidad. Desde hace años, Nanni orbita alrededor de los oficialismos de turno, siempre dispuesto a negociar y a ser funcional a quienes concentran el poder.
La Auditoría General, que debería ser un organismo independiente de control, aparece cada vez más como una herramienta de presión política. Un instrumento que se activa o se guarda según las necesidades del poder.
El antecedente del Fondo de Reparación Histórica es ilustrativo. Pese a las múltiples irregularidades y la escasa transparencia que rodearon su ejecución durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, el gobernador Gustavo Sáenz utilizó el tema desde la Auditoría como mecanismo de presión política. Nunca avanzó con una denuncia judicial concreta.
Si a esto se le suman los movimientos para moldear una Corte de Justicia más cercana a los intereses del Ejecutivo, las reformas con interpretaciones abiertas y estas designaciones que fuerzan los límites legales, el cuadro es más amplio y más preocupante. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica sistemática. La Constitución, en este esquema, deja de ser un límite y pasa a ser un obstáculo a esquivar.
