Gustavo Sáenz consiguió lo que buscaba. La Legislatura lo autorizó a avanzar con operaciones financieras por hasta US$250 millones, entre una emisión de deuda por US$150 millones para refinanciar vencimientos del Plan Bicentenario y un crédito de US$100 millones del BIRF para infraestructura. Todo pasó rápido, demasiado rápido para una deuda que comprometerá a la Provincia durante décadas.
En Diputados, los proyectos fueron aprobados sobre tablas, sin el tratamiento previo en comisiones. En el Senado, el trámite tampoco tuvo precisamente vocación de transparencia: ni siquiera se tomaron el trabajo de mandar un parte de prensa anunciando que se discutía tamaño emprestito.
Para una autorización de semejante magnitud nadie pareció demasiado interesado en hacer ruido: US$250 millones de deuda y el tratamiento casi en silencio, como si se estuviera aprobando una declaración de interés municipal.
Los números, sin embargo, son bastante menos silenciosos. Los US$150 millones servirán para refinanciar vencimientos del Plan Bicentenario, aquella deuda de US$350 millones tomada durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2016 para obras que nunca se hicieron. Los otros US$100 millones serán un nuevo crédito del BIRF destinado a infraestructura, con un plazo que llega a 32 años.
Y en medio de semejante operación todos esperaban escuchar a La Libertad Avanza pegando el grito en el cielo. Sin embargo, Roque Cornejo, no participó del debate sobre una deuda de US$250 millones.
La paradoja quedó servida: para hablar en TikTok siempre está; para discutirla en el Senado, no. Mientras tanto, Enrique Cornejo, senador por General Güemes, defendió la operación y sostuvo que el verdadero endeudamiento nuevo sería de US$100 millones, dado que los otros US$150 millones corresponden a la refinanciación del Bicentenario.
Así terminó una discusión que merecía bastante más que una sesión acelerada y una sucesión de explicaciones posteriores. Porque endeudarse puede tener una justificación financiera, las obras pueden ser necesarias y refinanciar vencimientos puede ser razonable; lo que resulta difícil de explicar es por qué una decisión que compromete a varias administraciones se trató con semejante apuro y con tan poca información pública.
