El Gobierno admite que recupera apenas una parte de lo que las obras sociales deben por atender a sus afiliados en hospitales públicos. Ahora una empresa privada hará el trabajo que hasta hoy debía gestionar el Estado.
Hay algo que ya no está en discusión: las obras sociales y las prepagas tienen que pagar por las prestaciones que reciben sus afiliados en los hospitales públicos. El propio Gobierno de Salta reconoce la magnitud del problema. Según explicó el ministro Federico Mangione, durante 2025 apenas se recuperó el 12% de los gastos generados por esas atenciones. La respuesta oficial, sin embargo, no fue fortalecer el mecanismo estatal de cobro, sino avanzar con una empresa privada que se encargue de recuperar esas deudas.
La pregunta, entonces, aparece casi sola: ¿por qué el Estado no puede cobrar lo que le deben? Y, sobre todo, ¿qué ocurrió con los mecanismos administrativos y jurídicos que existen para reclamar esos recursos? La decisión de tercerizar puede presentarse como una solución práctica frente a una ineficiencia comprobada, pero también abre un interrogante sobre la gestión de quienes tenían hasta ahora la responsabilidad de facturar, reclamar y recuperar el dinero que corresponde al sistema público de salud.
En el Ministerio de Salud existe, precisamente, una estructura destinada a intervenir en estos asuntos. Ricardo Carpio es el Coordinador de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales, una autoridad superior del área. Si durante años las obras sociales acumularon deudas millonarias y el recupero terminó siendo tan bajo, la discusión ya no es solamente contable: también obliga a preguntar qué estrategias legales se utilizaron, qué reclamos se hicieron, cuántas acciones judiciales se promovieron y qué resultados obtuvieron.
Y ahí aparece otra figura que resulta imposible dejar afuera: el fiscal de Estado Juan Agustín Pérez Alsina. La Constitución provincial establece que el Fiscal de Estado debe defender el patrimonio y los intereses de la Provincia y que es parte legítima y necesaria en los juicios en los que estén comprometidos los intereses del Estado. La Ley 6831, además, establece que la Fiscalía de Estado tiene entre sus funciones la defensa del Fisco y el ejercicio de las acciones que correspondan para proteger los intereses provinciales.
Por eso, la discusión sobre la tercerización también debería mirar hacia ese lado. Si las deudas de las obras sociales alcanzan cifras millonarias, cabe preguntarse qué acciones impulsó la Provincia para recuperar esos recursos y qué papel tuvo la Fiscalía de Estado en esos reclamos. No se trata de afirmar que Pérez Alsina deba iniciar automáticamente una demanda por cada deuda: la propia normativa contempla procedimientos y condiciones para la intervención judicial. Pero sí corresponde preguntar qué hizo el Estado, qué hizo su estructura jurídica y por qué ahora una empresa privada aparece como la herramienta necesaria para cobrar.
Además, hay otro punto que merece atención. La firma elegida para la prueba piloto, Gestión Integral del Norte SRL, todavía figura “en formación” y tiene como gerente a Rubén Fortuny, exfuncionario del gobierno de Juan Manuel Urtubey. El esquema funcionará inicialmente durante seis a ocho meses y luego se prevé una licitación; mientras tanto, la remuneración de la empresa todavía debe definirse y se analiza un sistema en el que cobre un porcentaje de lo efectivamente recuperado. Todo huele a negocio.
