Fiore dijo que cada cargo representa casi $700 mil y que en la 7160 hay unos 300 nombramientos. La cifra que obliga a mirar el caso más allá de una discusión administrativa.
La polémica por la “escuela fantasma” suma ahora un dato que permite dimensionar el impacto económico de las 300 designaciones que aparecen vinculadas a la escuela 7160. La propia ministra de Educación, Cristina Fiore, señaló que “por cada uno de estos cargos una persona cobra casi 700 mil pesos”. Si se toma como referencia el universo de 300 cargos mencionado en el caso, la cuenta llega a unos $210 millones por mes.
Se trata de una estimación bruta realizada sobre los valores expresados por la propia ministra, pero sirve para poner otra dimensión sobre una estructura que el Gobierno provincial intenta explicar como una consecuencia de problemas históricos del sistema educativo. Son aproximadamente $2.520 millones al año si ese nivel de gasto se mantuviera durante doce meses, una cifra que vuelve todavía más relevante determinar quiénes son los designados, bajo qué categorías figuran y dónde cumplen efectivamente sus funciones.
Fiore intentó explicar la existencia de la 7160 como una consecuencia de “la desinversión de muchos años, tanto en infraestructura como la dotación al personal educativo que el sistema necesita”, dijo a El Tribuno.
Y agregó: “La 7160 no es un invento mío. Viene desde hace muchísimos años”, sostuvo la ministra, en un intento por ubicar el origen del esquema mucho antes de la actual gestión.
Pero la propia funcionaria reconoció que existen situaciones que deben ser revisadas. “Puede haber casos que tenemos que revisar”, admitió. Y agregó un dato todavía más significativo: “En mayo pedimos la disolución de la 7160 y pasar la gente al lugar en donde está trabajando”.
La explicación oficial también quedó bajo la lupa por la cantidad de maestros de Religión que aparecen vinculados a la institución. Fiore sostuvo que “sí existen y son legales y se los nombra para que no queden fuera del sistema”. “Con los maestros de Religión se hace la conversión a maestros de grado”, explicó. Sin embargo, no dio precisiones sobre por qué existe una cantidad tan importante de designaciones bajo esa estructura ni cómo se distribuyen efectivamente esos trabajadores.
“En la 7160 tenemos gente que trabaja. Y nosotros controlamos”, afirmó además la ministra. La frase vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: si esos trabajadores cumplen funciones en otros establecimientos, ¿por qué continúan apareciendo vinculados administrativamente a la 7160?
A eso se suma la discusión por las designaciones relacionadas con familiares de dirigentes y funcionarios. En la entrevista con El Tribuno, Fiore afirmó que los designados de la ADP eran maestras jardineras. Sin embargo, la documentación que viene siendo analizada muestra que varias de las designaciones de familiares aparecen bajo la categoría de “maestros especiales”. Le falta mucho a la explicación.
