Federico Mangione tiene un ejercito de funcionarios, oficinas administrativas y una estructura que cuesta mantener. Pero cuando llega la hora de cobrarles a las obras sociales los $25.000 millones que adeudan, resulta que necesita ayuda.
Uno se pregunta qué estuvieron haciendo hasta ahora. Porque la deuda no apareció ayer a la mañana, ni los hospitales descubrieron esta semana que las obras sociales tienen que pagar. Sin embargo, Mangione presenta el asunto como si hubiese caído del cielo.
El ministro habla de un modelo de riesgo compartido. «Nos va bien a los dos o nos va mal a los dos», explicó. La empresa cobraría en función de los resultados, sin exigir los cánones fijos millonarios que, según Mangione, planteaban otras propuestas, aunque no se sabe cuál es el porcentaje que se llevará.
Si el negocio es tan bueno para el Estado, no debería haber ningún inconveniente en explicar cada detalle. La transparencia no consiste en prometer que se publicarán los resultados dentro de unos meses. Empieza por explicar cómo se toma la decisión antes de ponerla en marcha.
Los $25.000 millones no son una cifra decorativa para adornar una conferencia. Son recursos que deberían volver al sistema sanitario. La deuda, según lo informado, alcanza a hospitales como el San Bernardo y el Oñativia, establecimientos que necesitan esos fondos para sostener su funcionamiento.
El ministerio en piloto automatico
Mangione también promete avanzar con el Hospital Digital, una expresión elegante que busca tapar el enorme agujero de gestión que tiene. Una pantalla no consigue por sí sola los insumos que faltan, no organiza mágicamente una guardia y tampoco explica por qué el Estado necesita tercerizar una tarea administrativa básica.
La salud no puede vivir eternamente en futuro. Los funcionarios anuncian sistemas, plataformas y cambios de modelo; el paciente llega hoy, necesita atención hoy y no puede esperar a que una prueba piloto demuestre que alguien aprendió a cobrar.
El ministro asegura que publicará mensualmente los montos recaudados y los porcentajes que se paguen por la gestión. Que lo haga. Y que muestre también el contrato, los criterios de selección, las condiciones económicas y los resultados concretos. Si todo está tan claro, los papeles no deberían ser un problema.
La empresa puede ganar o perder según lo que consiga cobrar; el ministro, en cambio, no puede presentar cualquier resultado como un éxito de gestión. Y los hospitales no tienen la opción de cerrar seis meses para esperar que termine el experimento.
