Se agarraron del hundimiento de calle Dean Funes, como si una falla en una obra no fuera algo que puede ocurrir.
El asunto se vuelve particularmente gracioso cuando semejante preocupación sale justamente del universo político y mediático de los Romero.
Porque si hablamos de obras con problemas, Bettina tiene varias. Y si hablamos de transferencia de plata a empresas amigas, hay mucho para decir.
Durante la gestión anterior también hubo problemas de ejecución, contrataciones bajo discusión y expedientes que terminaron en la Justicia. Y, sin embargo, quienes hoy parecen estar dispuestos a acicalar a Emiliano Durand tuvieron durante aquellos cuatro años una preocupación bastante más moderada, por no decir que ocultaron todas las trapisondas que se mandaron.
La remodelación de la plaza 9 de Julio es un ejemplo. El presupuesto inicial de la obra fue de poco más de $9 millones y, después de modificaciones y trabajos complementarios, el costo informado terminó siendo cercano a los $300 millones. Casi nada.
Pero parece que aquellos números no provocaban el mismo entusiasmo periodístico que ahora genera una falla en calle Dean Funes. ¿Dónde estaban entonces los grandes titulares? ¿Dónde estaba la preocupación por el costo final?
Ahora resulta que una obra con problemas es una tragedia institucional, mientras una administración que terminó dejando una larga lista de cuestionamientos parece merecer una versión bastante más amable de su historia.
Y hubo más. En 2022, en medio de cuestionamientos por una obra de avenida Discépolo, fue desplazado el entonces subsecretario de Obras Públicas municipal. Después llegaron las auditorías y las denuncias.
La Justicia comenzó a investigar distintos episodios de aquella administración, entre ellos una causa donde se analiza una presunta sobrecertificación de trabajos. También aparecen expedientes vinculados con depósitos municipales, la panadería social, convenios y documentación relacionada con contrataciones.
Bettina Romero tuvo cuatro años para gobernar la ciudad. Cuatro años para recorrer los barrios, resolver los problemas de infraestructura, controlar las obras y explicar qué hacía con los recursos municipales. Sin embargo, la campaña electoral parecía ser uno de los pocos momentos en que algunos barrios adquirían repentinamente importancia.
Después vino el resultado electoral: los salteños tuvieron la posibilidad de evaluar aquella administración y Bettina no consiguió la reelección.
Ahora, desde afuera, el romerismo parece haber descubierto una nueva vocación: convertirse en fiscal. La misma familia que tuvo el poder municipal pretende ahora dar lecciones sobre cómo administrar la ciudad.
Cuando la lupa se agranda para el adversario y se achica mágicamente cuando el problema toca a los propios, la intención es demasiado obvia.
Si una empresa tiene que responder por calle Dean Funes, que responda. Pero hagamos exactamente lo mismo con todo lo ocurrido durante la gestión de Bettina Romero.
No se puede pretender ser fiscal de la gestión ajena después de haber estado en cuatro años en silencio sobre la propia.
