La postulación de María Alejandra Gauffín para seguir en la Corte de Justicia por otros diez años avanza sin sobresaltos, casi como un trámite. El maximo tribunal se acomoda cada vez más al poder de turno.
Gauffín no es una recién llegada al exclsuivo mundo judicial. Desembarcó en la Corte en 2020, aunque viene ostentado cargos desde hace al menos tres decadas.
Nació en Palpalá pero desde chica llegó a Salta; su paso por lo privado fue breve, praticamente anecdótico y su patriomonio creció con siempre jugosas trasferencias del Ministerio Público, juzgados, del Tribunal Electoral y de la Cámara.
Está casada con Gonzalo Macedo, hoy al frente de Vialidad Provincial, un dato que, por sí solo, no dice todo, pero si se suma a su hermano, Pablo, permite dimensionar la endomagia estatal existente.
Exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta, está involucrado en la causa de las facturas truchas. En ese expediente aparece como pieza central de un mecanismo aceitado para evadir al fisco: seguía de cerca la recaudación ilegal. Cuando allanaron la Municipalidad, su computadora fue lo primero que secuestraron: al revisarla dieron con los registros de esos movimientos.
La causa se partió en dos. Lo impositivo quedó en la justicia federal. Lo más pesado —fraude a la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles— pasó a la justicia provincial. Hay papeles. Registros de pagos sin respaldo, facturas que salieron de notebook, movimientos difíciles de justificar, sin embargo, duerme el sueño de los justos. Y según selectas voces de los pasillos judiciales seguirá planchada.
Que el poder que se cruza, se protege o, al menos, evita hacerse daño es una verdad conocida del funcionamiento de la sociedad salteña. Privar a los parientes, socios, incondicionales o amigos del gobernador, por estos tiempos es una lejana ilusión porque la corte hecha a medida prospera tranquilamente.
Por Susana Del Frari
