Hay algo que se parece demasiado: cuando los escándalos llegan cerca del poder, las explicaciones se diluyen, las responsabilidades se vuelven borrosas y domina la impunidad. De las muertes ocasionadas por el hijo de Nicolas Demitrópulos, al caso Monges y las sombras sobre Benjamín Cruz, la pregunta sigue siendo la misma: quiénes responden cuando las preguntas apuntan hacia arriba.
La Catamarca de comienzos de los años noventa era una provincia atravesada por una estructura de poder casi feudal, donde la familia Saadi ejercía una influencia que parecía inquebrantable y donde la muerte de María Soledad terminó destapando algo que hasta entonces permanecía naturalizado: la existencia de una red de relaciones políticas, judiciales y policiales que, antes que esclarecer un crimen que había conmocionado a todo el país, estaba preocupada por evitar que determinadas responsabilidades quedaran expuestas.
Los crímenes, por brutales que sean, no suelen derribar gobiernos. Lo que derrumba gobiernos es la pérdida de legitimidad. Y la legitimidad empezó a resquebrajarse cuando una parte importante de la sociedad comprendió que el problema ya no era únicamente quién había matado a María Soledad, sino quiénes trabajan para que ciertas preguntas nunca encontraran respuesta.
Salvando las diferencias en Salta funciona una maquinaria similar. Porque si algo ha caracterizado a buena parte de los episodios más sensibles ocurridos en la provincia durante los últimos años es que, una vez superada la conmoción inicial, comienza a desplegarse una secuencia que ya resulta familiar: aparecen las denuncias, aparecen los cuestionamientos, aparecen las revelaciones, aparecen los pedidos de explicaciones y, cuando pareciera que las responsabilidades deberían comenzar a delimitarse con claridad, el sistema entra en una suerte de zona gris que conlleva a la impunidad.
Ocurrió con la tragedia ocasionada por el hijo del coordinador de Gobierno Nicolas Demitrópulos, en la que perdieron la vida dos jovencitas. Ocurrió con las revelaciones surgidas alrededor de Darío Monges, cuya figura terminó exponiendo vínculos que conectaban política y estructuras ligadas al narcotráfico. Ocurrió con las derivaciones que alcanzaron a Benjamín Cruz. Y ocurre cada vez que la discusión se aproxima a una pregunta que el poder preferiría no responder: hasta dónde llegan realmente las responsabilidades políticas en los grandes escándalos.
La cuestión, en definitiva, no radica únicamente en los hechos, sino en las reacciones que esos hechos provocan. Porque una democracia saludable no se define por la ausencia de escándalos. Ninguna democracia está libre de ellos. Se define por la capacidad de sus instituciones para investigarlos, explicarlos y asumir las consecuencias que de ellos se desprenden.
Cuando eso no ocurre, cuando las explicaciones llegan tarde o nunca llegan, cuando las responsabilidades parecen disolverse en una maraña burocrática que nadie termina de comprender, comienza a instalarse una sospecha que resulta devastadora para cualquier sistema político: la sospecha de que existe una diferencia entre la ley que rige para los ciudadanos comunes y la que rige para quienes integran los círculos del poder.
Todos sabemos que existen apellidos, cargos y relaciones que funcionan como una suerte de seguro de protección frente a situaciones que, para cualquier otro mortal, tendrían consecuencias inmediatas.
Tal vez por eso la verdadera comparación entre aquella Catamarca y esta Salta no deba buscarse en las víctimas ni en los casos particulares sino en algo mucho más profundo: en la percepción de que frente a determinados episodios el aparato estatal parece reaccionar más rápido para contener el daño político que para despejar todas las dudas.
Es una diferencia sutil, pero decisiva ya que cuando las instituciones comienzan a trabajar para administrar las consecuencias de esa verdad, lo que empieza a quedar en discusión ya no es un caso puntual, sino la calidad misma de la democracia.
Y acaso allí resida la continuidad más concreta entre aquella Catamarca y Salta: en la persistencia de una vieja tentación del poder provincial: la de creer que todo puede controlarse, que las preguntas pueden agotarse y que la memoria siempre termina cediendo ante el paso del tiempo.
La experiencia demuestra exactamente lo contrario. Porque los pueblos suelen tolerar muchas cosas. Lo que rara vez terminan tolerando es la sensación de que la verdad tiene dueños y que la justicia conoce demasiado bien dónde puede avanzar y dónde debe detenerse.
Por Susana Del Frari
