“Capaz vino a pagar”. La frase de Gustavo Sáenz hace semanas atrás apuntó contra Juan Manuel Urtubey por la deuda de 640 millones de dólares vinculada al Fondo de Reparación Histórica y recordó que fue la actual administración la que tuvo que hacerse cargo de esos compromisos.
Si desde el máximo nivel del Ejecutivo provincial se sostiene que quedaron compromisos millonarios y que la Provincia debió afrontar una reestructuración, aparece una pregunta elemental: ¿qué hizo el organismo encargado de defender los intereses del Estado?
La Fiscalía de Estado no es una oficina decorativa, no está para mirar los problemas desde la ventana ni para aparecer solamente cuando el expediente ya está cerrado. Su función es actuar cuando el patrimonio provincial puede estar comprometido.
Sin embargo, frente a los dichos del gobernador sobre el Fondo de Reparación Histórica, no se conocieron acciones judiciales impulsadas por el organismo que conduce el abogado fuertemente ligado a las empresas mineras.
«El mono», como le dicen sus conocidos, no es un recién llegado a la administración pública. Su carrera atraviesa más de tres décadas del Estado salteño. Tras ser concejal, diputado, convencional constituyente, en 2007, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, llegó al Senado de la Nación, donde permaneció hasta 2013. Ese mismo año pasó a ocupar la Procuración de la Municipalidad de Salta, hasta que en 2019 Gustavo Sáenz lo designó fiscal de Estado.
La trayectoria de Pérez Alsina debería implicar una mayor responsabilidad institucional ya que si existen elementos suficientes para sostener lo que dijo Sáenz, ¿por qué no se conocieron acciones acordes a esa gravedad?
