La imputación por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil es apenas la punta de una historia que empezó casi dos años atrás. Gustavo Vaccarella volvió a quedar bajo la lupa.
El conductor televisivo y ex candidato del saencismo, Gustavo Vaccarella volvió a quedar en el centro de una investigación judicial. Pero esta vez la historia no empezó con una denuncia contra el también periodista ni con una declaración pública de la familia Ramasco. Empezó con algo bastante más concreto: un teléfono celular que la Justicia había secuestrado en diciembre de 2024 y que, casi dos años después, terminó abriendo una nueva línea de investigación.
Sandra Dómene, la abogada querellante de la familia de Lautaro Ramasco, fue quien confirmó la imputación y explicó cómo se llegó hasta allí. “Sí, está confirmado”, respondió a FM Infinito, cuando fue consultada sobre la situación procesal de Vaccarella. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Ciberdelitos, luego de que el análisis del dispositivo detectara archivos que, según la acusación, podrían encuadrar en la figura de tenencia de material de abuso sexual infantil.
Se trata de una imputación y la investigación recién comienza. La Justicia deberá establecer qué son exactamente esos archivos, cómo llegaron al teléfono, cuándo fueron descargados y, fundamentalmente, qué responsabilidad puede atribuirse al propietario del dispositivo. No hay una condena ni una sentencia que determine esos extremos.
Pero el expediente tiene otra particularidad que hace que la historia sea bastante más compleja que un simple hallazgo digital. El teléfono había sido secuestrado en el marco de la causa que investiga la muerte de Lautaro Ramasco. Es decir, la investigación por el nuevo delito nació de una causa anterior en la que Vaccarella ya había aparecido mencionado públicamente, aunque no está imputado por la muerte del joven.
Dómene contó que, durante el análisis del dispositivo, apareció “una cantidad importante de información” y que fue a partir de allí que surgieron elementos que ameritaron una investigación específica. La abogada destacó además la intervención de la Fiscalía de Ciberdelitos y la rapidez con la que, una vez detectado el material, se avanzó sobre esa nueva hipótesis.
Según relató la letrada, antes del allanamiento al domicilio de Vaccarella habría existido una comunicación telefónica entre el periodista y un subcomisario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. La versión que quedó incorporada a las actuaciones sostiene que el funcionario habría consultado si había alguien en la vivienda y que Vaccarella habría pedido que el procedimiento se realizara al día siguiente, a las 9.
La situación generó una investigación interna. El efectivo fue apartado preventivamente y sus propios dispositivos quedaron bajo análisis. En otras palabras, mientras la Justicia intenta determinar qué había en el teléfono de Vaccarella, también empezó a mirar qué ocurrió alrededor del procedimiento que permitió secuestrar otros dispositivos.
Porque un allanamiento, por definición, no debería convertirse en una cuestión de agenda entre quien investiga y quien es investigado. La pregunta inevitable es qué información circuló antes del procedimiento y por qué. Dómene puso el foco justamente en esa secuencia, que ahora deberá ser reconstruida judicialmente.
La propia historia del teléfono tiene además un dato llamativo. Según explicó la abogada querellante, cuando los especialistas fueron a realizar la extracción física de la información del dispositivo le solicitaron a Vaccarella el código de acceso. Inicialmente, siempre según el relato de Dómene, el conductor manifestó no recordarlo. Finalmente habría proporcionado el patrón de desbloqueo ante la posibilidad de que el aparato tuviera que ser abierto para acceder a sus contenidos. Y fue precisamente allí donde apareció el material que cambió el rumbo de la investigación.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa una relación que desde hace tiempo es conflictiva: la de Vaccarella con la familia Ramasco. El periodista fue señalado públicamente por los familiares de Lautaro, mientras él rechazó esas acusaciones y respondió judicialmente. En otras oportunidades sostuvo que se trataba de una campaña para responsabilizarlo por un crimen con el que, hasta ahora, la Justicia no lo imputó.
De hecho, Vaccarella y su defensa habían insistido públicamente en que los mensajes utilizados para señalarlo habían sido “recortes malintencionados” y que no existían amenazas en los términos planteados por la familia.
Ese antecedente es importante porque explica el nivel de enfrentamiento que rodea al caso, pero también porque obliga a separar las cosas. Una cosa es la pelea entre Vaccarella y la familia Ramasco; otra, la investigación por el contenido encontrado en un teléfono; y otra, las dudas que surgieron alrededor del procedimiento policial.
